El cerrojo informativo sobre el movimiento de dinero en el país sumó una nueva actualización para ajustar el monitoreo de cuentas. En septiembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) endureció la vigilancia sobre las operaciones de los contribuyentes: los bancos y billeteras virtuales deben informar obligatoriamente las transferencias y acreditaciones acumuladas que superen los $50 millones mensuales para personas físicas y los $30 millones para personas jurídicas.
La medida alcanza de forma simultánea a las cuentas bancarias tradicionales (CBU) y a las plataformas digitales (CVU). Sin embargo, el esquema de control va más allá del dinero circulante en billeteras virtuales: las entidades financieras están obligadas a reportar de manera directa cualquier retiro en efectivo que supere los $10 millones, mientras que en materia de plazos fijos e inversiones el piso informativo se fijó en $100 millones para individuos y $30 millones para empresas.
El cruce sistemático de datos no implica una sanción automática ni el bloqueo inmediato de fondos, pero sí dispara alertas cuando ARCA detecta inconsistencias entre las sumas movilizadas y la facturación o capacidad contributiva declarada. Ante estas desviaciones, el organismo fiscal tiene la potestad de exigir documentación respaldatoria —como facturas, contratos de compraventa, boletos de operaciones inmobiliarias o certificaciones contables— para auditar el origen de las divisas.
Especialistas financieros advierten además sobre los riesgos de intentar eludir el cerrojo mediante el fraccionamiento de importes en múltiples transferencias de menor valor. Los algoritmos de monitoreo de las entidades detectan los patrones repetitivos e incorporan igualmente los movimientos al reporte informativo, dejando al descubierto a quienes buscan esquivar los controles del fisco.
