El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación encendió las alarmas en el sector de la construcción y de la infraestructura entrerriana. La provincia fue relegada al puesto 14 del ranking distributivo del país, captando apenas el 1,78% del total de las partidas destinadas a obras públicas.
El esquema presupuestario expone el escaso peso político de la provincia en la mesa de negociación nacional, con asignaciones atomizadas que apuntan más al mantenimiento básico que a desarrollos de verdadero impacto estructural Aunque el listado oficial de Vialidad Nacional incluye partidas para tramos estratégicos —como la Ruta Nacional 12 ($6.154 millones) y la congelada traza de la Ruta Nacional 18—, los montos proyectados resultan insuficientes frente al grave deterioro de las rutas provinciales tras meses de desinversión. Asimismo, iniciativas de saneamiento como la ampliación de desagües cloacales en Villaguay ($5.606 millones) o el modesto galpón contra incendios proyectado para el Aeropuerto de Paraná ($52 millones) parecen parches aislados antes que un plan integral de desarrollo logístico.
La tijera presupuestaria se siente con igual rigor en las partidas de funcionamiento: la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) percibirá $83.967 millones —destinados en su aplastante mayoría al pago de salarios golpeados por la inflación—, mientras que las áreas protegidas de Parques Nacionales recibirán apenas $2.457 millones. Con este tablero, la gestión de la infraestructura en Entre Ríos vuelve a quedar condicionada por un centralismo que ajusta el gasto y posterga las deudas históricas con el interior.
