El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso ratifica un nuevo y drástico avance en la quita de subsidios energéticos. La propuesta del Ejecutivo nacional prevé que las tarifas de electricidad cubran, en promedio, el 99,75% del costo mayorista de generación durante el próximo año, trasladando de manera casi directa el costo total del sistema sobre los bolsillos de los usuarios de todo el país.
El impacto sobre las economías familiares y productivas de la región será directo. Para los usuarios residenciales del segmento sin subsidio, el esquema proyecta una cobertura tarifaria del 94,62% del costo de generación. En tanto, para las familias incluidas dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la cobertura prevista por tarifa alcanzará el 64,27%, reduciendo de forma significativa el margen de contención estatal.
Millonarias partidas para CAMMESA y la oferta hidrocarburífera
A pesar de la fuerte presión sobre las tarifas de los usuarios, el proyecto destina una abultada masa de recursos públicos al sostenimiento de las empresas operadoras del sector energético:
- Sostenimiento del sistema eléctrico: El programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica dispondrá de $3.177.949 millones, de los cuales $3.079.314 millones irán directo a garantizar la sustentabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA).
- Alcance de la asistencia focalizada: El Gobierno calcula subsidiar un total de 118,1 millones de MWh a lo largo de 2027, alcanzando a 8,8 millones de usuarios de electricidad y a 5,2 millones de usuarios conectados a la red de gas natural.
- Gas envasado y Zona Fría: En materia de hidrocarburos, se presupuestaron $955.802 millones para subsidios a la demanda, repartidos entre $791.553 millones para garrafas sociales y $163.793 millones para la Compensación Tarifaria por Zona Fría, junto con otros $245.914 millones dirigidos a subsidiar la oferta de la producción de gas natural.
Un esquema que traslada la crisis a las provincias
La propuesta legislativa vuelve a poner bajo la lupa la disparidad entre los incentivos otorgados a las corporaciones productoras de hidrocarburos —que recibirán más de $1.000.000 millones en transferencias mediante el Fondo Fiduciario y planes de estímulo— y el constante encarecimiento del costo de vida en provincias como Entre Ríos, donde el impacto de las tarifas mayoristas golpea fuertemente el presupuesto de los hogares y las Pymes locales.
El texto iniciado en la Cámara de Diputados abre una dura disputa parlamentaria donde las provincias buscarán frenar un esquema que promete encarecer aún más los servicios esenciales para el año 2027.
