La Justicia ecuatoriana volvió a asestar un golpe a la impunidad política de la región. Un Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria contra el expresidente Abdalá Bucaram en el marco de una causa por delincuencia organizada, vinculada al millonario negocio ilegal y comercialización irregular de pruebas rápidas e insumos médicos durante la crisis sanitaria del COVID-19. La resolución alcanza además al exagente metropolitano Leandro B. y al ciudadano israelí Sheinman O., fijando para ambos una pena de 13 años y cuatro meses de prisión en calidad de autores directos de la red de corrupción.
La investigación —que se extendió desde 2022 y acumuló los testimonios de medio centenar de peritos y testigos— logró acreditar la existencia de un entramado montado para lucrar con la emergencia epidemiológica. Durante las audiencias del debate oral, Bucaram siguió las alternativas del proceso por videoconferencia desde una camilla con asistencia de oxígeno en Guayaquil, donde permanece bajo custodia policial producto de afecciones cardíacas, en un intento por dilatación procesal que no impidió el fallo de los magistrados.
Bucaram, quien ocupó la presidencia de Ecuador entre 1996 y 1997 hasta ser destituido por el Congreso bajo la figura de «incapacidad mental», suma así una nueva condena judicial que expone la matriz de negociados montada en torno a los recursos públicos. El fallo judicial sienta un precedente severo sobre el desvío de insumos críticos de salud, en una causa emblemática que reaviva el debate sobre la responsabilidad penal de los altos mandos políticos.
