Argentina dio un giro determinante en su política de seguridad e infancia. Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir oficialmente el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma estructural que deroga la normativa vigente desde 1980 y establece que los adolescentes podrán ser imputados judicialmente a partir de los 14 años. La ley reconfigura las sanciones, fija penas máximas y prohíbe de manera expresa la prisión perpetua para menores de edad.
El nuevo esquema reemplaza la inimputabilidad absoluta que regía hasta los 16 años. Ahora, los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal serán sometidos a un fuero especializado. La legislación impone un techo de 15 años de cárcel para las condenas privativas de la libertad, habilita la libertad condicional al cumplir dos tercios de la pena y dispone la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados. Además, se prohíbe tajantemente que los adolescentes compartan centros de detención con adultos, exigiendo infraestructuras adaptadas, modalidades de régimen abierto, arresto domiciliario y monitoreo electrónico.
Sin embargo, la entrada en vigencia del sistema pone en evidencia severas falencias operativas e institucionales. Pese a que el Congreso asignó un presupuesto de más de $23.700 millones para su puesta en marcha, existen fuertes dudas sobre la capacidad real de los tribunales, la disponibilidad de tobilleras electrónicas y la infraestructura de los institutos en provincias como Entre Ríos. La falta de articulación entre los fueros provinciales y las exigencias del fuero nacional amenaza con convertir la implementación de esta norma en un cuello de botella judicial de incierta resolución.
