En una nueva muestra de alineamiento entre la gestión provincial y los intereses de los grandes grupos económicos, el gobernador Rogelio Frigerio oficializó la incorporación de la firma PTP Argentina S.A. al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). La medida le otorga un paquete de exenciones impositivas a la compañía para desarrollar un proyecto de 16 millones de dólares en el estratégico Puerto de Ibicuy. Mientras la provincia resigna recaudación fiscal bajo la promesa de generar empleo y desarrollo regional, el capital privado consolida su posición de dominio en el nodo logístico de la Hidrovía.
La iniciativa de la corporación PTP Group contempla la adecuación de los muelles, el montaje de infraestructura especializada y la edificación de una celda de almacenamiento multipropósito para el despacho de cargas a granel. Detrás de las promesas oficiales de modernizar una terminal paralizada desde los años noventa, el objetivo central del proyecto es optimizar el transporte de arena silícea desde el suelo entrerriano hacia los yacimientos de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. De esta manera, los recursos naturales provinciales quedan puestos al servicio del modelo extractivista con infraestructura fuertemente subsidiada por el Estado.
El intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, celebró el acuerdo ponderando la creación de puestos de trabajo locales, mientras el Ejecutivo provincial ensalza la integración definitiva de Entre Ríos al sistema de la vía navegable troncal. Sin embargo, el esquema vuelve a encender la polémica sobre el verdadero costo-beneficio de ceder exenciones tributarias a consorcios privados para que utilicen la infraestructura pública como plataforma de sus negocios. En un contexto de ajuste y recursos escasos para la población, la dirigencia política prefiere garantizar rentabilidad corporativa antes que exigir contraprestaciones equitativas para la provincia.
