El colapso ambiental tras un sismo de magnitud 7,5 volvió a poner al desnudo la peligrosísima complicidad entre la corporación extractiva y la inacción estatal en Panamá. El movimiento telúrico provocó el quiebre y derrame de los depósitos de la antigua mina de oro Remance, contaminando los cauces hídricos y dejando a múltiples comunidades sin acceso al agua potable en la provincia de Veraguas. A pesar de que existían estudios científicos previos que advertían sobre la presencia de cianuro, arsénico y mercurio en esos piletones abandonados desde finales de los noventa, la desidia institucional prefirió ignorar los riesgos hasta que la catástrofe fue inevitable.
Las consecuencias de este abandono las pagan hoy directamente los pobladores de la región, quienes deben abastecerse mediante camiones con agua embotellada mientras el Ministerio de Ambiente intenta analizar las sustancias químicas liberadas en los ríos. El yacimiento, que fue explotado industrialmente para la extracción intensiva de oro mediante cianuración por firmas transnacionales, permaneció durante décadas con sus pasivos ambientales totalmente expuestos a las inclemencias climáticas. Incluso después de frenar nuevos proyectos megamineros en 2023 por la masiva protesta social, la falta de auditorías y planes de cierre técnico reales convirtieron a la zona en una bomba de tiempo sanitaria.
Ante el desastre ya consumado, las autoridades estatales admitieron que el Estado deberá invertir recursos públicos para intentar contener el envenenamiento de los suelos y las fuentes hídricas de las que depende la agricultura local. Este nuevo episodio de contaminación minera expone la irresponsabilidad de las corporaciones que extraen los recursos, acumulan ganancias multimillonarias y abandonan los territorios dejando un legado de veneno, pobreza y desamparo para las comunidades. La crisis en Veraguas demuestra una vez más que el extractivismo privado opera con total impunidad mientras el costo humano y ambiental lo asume la ciudadanía.
