Luego de casi cinco meses de inactividad en las comisiones de la Cámara Alta, el Senado retoma esta semana el debate por las modificaciones a la Ley de Salud Mental. La propuesta impulsada desde el Gobierno nacional busca redefinir las reglas de juego en materia de internaciones involuntarias y el abordaje de los consumos problemáticos, un reclamo histórico de familias y profesionales de la salud. Sin embargo, la tardanza legislativa y los continuos cabildeos políticos en el Congreso vuelven a poner en evidencia cómo las urgencias sociales en materia de adicciones e infraestructura sanitaria terminan subordinadas a los tiempos y acuerdos coyunturales de la política nacional.
El proyecto en discusión flexibiliza los criterios para disponer internaciones sin el consentimiento del paciente cuando exista un riesgo grave e inminente para sí o para terceros, requiriendo la evaluación de dos profesionales de la salud. Asimismo, suma normativas específicas para la atención infantojuvenil en adicciones y establece la obligatoriedad de un plan de egreso articulado con las familias desde el primer diagnóstico. Mientras el oficialismo busca cerrar consensos con los ministerios provinciales para avanzar con el dictamen, desde distintos sectores comunitarios advierten que ninguna reforma legal será efectiva en el territorio si no se respalda con presupuesto real y recursos concretos para la atención pública en las provincias.
