En un movimiento que vuelve a encender los focos de tensión política en el departamento Concordia, el intendente de Puerto Yeruá, Daniel Sergio Benítez, presentó su renuncia indeclinable a la presidencia municipal. La dimisión, elevada formalmente ante las autoridades del Concejo Deliberante y con fecha de efectivización fijada para el 31 de octubre, irrumpe en la agenda provincial como un hecho que trasciende la simple versión oficial, dejando al descubierto los crecientes desafíos de gobernabilidad que enfrentan las administraciones locales en el territorio entrerriano.
La salida del Ejecutivo y el recurso recurrente a las «razones personales»
A través de un escrito institucional, Benítez argumentó que su intempestivo alejamiento obedece a motivos estrictamente personales, familiares y de salud que obstaculizan el normal desempeño de sus funciones. Sin embargo, en el ámbito político regional la noticia no pasó desapercibida: el jefe municipal transitaba el tramo final de su segundo mandato consecutivo, iniciado en diciembre de 2019. En su mensaje de despedida dirigido a los ediles y a la comunidad, intentó bajar la espuma del conflicto agradeciendo al personal municipal y a su equipo de gestión, mientras pronosticaba un panorama de crecimiento para la localidad.
Transición obligada y la encrucijada del poder local hasta 2027
De acuerdo con lo estipulado por la Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos, la jefatura del Ejecutivo será asumida de manera formal por la actual viceintendenta y titular del Concejo Deliberante, Liliana Sgüerzo, quien tendrá la responsabilidad de completar la gestión hasta diciembre de 2027. Este cambio de mando abre un período de incertidumbre sobre el rumbo político e institucional de Puerto Yeruá, en un contexto socioeconómico exigente donde los vecinos demandan explicaciones claras, certidumbre y un liderazgo firme que vaya más allá del mero recambio de nombres en el sillón municipal.
