Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1990, el Poder Ejecutivo de Chile canceló de manera definitiva todas las ceremonias y homenajes oficiales por la conmemoración del golpe de Estado de 1973 que derrocó a Salvador Allende. La decisión, instrumentada por el presidente José Antonio Kast, marcó un contundente punto de quiebre en la política de memoria institucional del país trasandino y desencadenó una fuerte ola de repudio político junto a multitudinarias manifestaciones que culminaron con severos incidentes en el centro de Santiago.
Desde el sur del país, Kast justificó la medida señalando que Chile «no puede estar condenado a no mirar hacia el futuro» y priorizó la agenda de gestión ante contingencias climáticas sobre la efeméride histórica. Sin embargo, la resolución institucional fue leída por dirigentes opositores como una clara provocación y un intento de invisibilizar las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, régimen que dejó más de 3.200 ejecutados y unos 40.000 represaliados.
Frente al vacío oficial, partidos de la oposición, organizaciones sociales y exmandatarios —encabezados por el expresidente Gabriel Boric y la exsenadora Isabel Allende— se movilizaron de forma independiente hacia el Cementerio General y la zona céntrica de la capital para rendir tributo a las víctimas. La jornada concluyó con vigilias nocturnas y choques de alta tensión en las vías públicas, donde las fuerzas de seguridad hicieron uso de camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
