El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso Nacional ratifica la ruta trazada por el Poder Ejecutivo para recortar las transferencias estatales destinadas a los servicios públicos. Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) —organismo dependiente de la UBA y el Conicet—, el esquema proyecta una reducción del gasto en subsidios a las tarifas de luz, gas y transporte público equivalente a 800 millones de dólares para el próximo período fiscal.
El informe técnico elaborado por los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo detalla que la partida de subsidios pasará de representar un 0,64% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a un 0,53% en 2027. De concretarse las metas del Palacio de Hacienda, se alcanzaría el sexto año consecutivo de contracción en el peso relativo de estas partidas respecto al producto total, consolidando un ajuste que recaerá de manera directa sobre los cuadros tarifarios de las facturas de luz y gas del sector residencial.
El plan oficial contempla profundizar la quita de aportes fiscales para que los usuarios absorban el costo real de la energía eléctrica y el gas natural. En el mercado eléctrico —que concentrará el mayor volumen presupuestario con $3,1 billones— se prevé un recorte superior al 35% interanual en términos reales, mientras que en el sector energético global el gasto disminuirá del 0,44% al 0,37% del PIB. Las proyecciones de la cartera económica establecen que los usuarios residenciales no subsidiados pasarán a cubrir el 94,62% de los costos de generación eléctrica, mientras que los casi 8,8 millones de hogares incluidos en el régimen de subsidios focalizados aportarán el 64,27% de la tarifa técnica en sus facturas de luz y gas.
En lo relativo al transporte, el Presupuesto 2027 estipula un achicamiento presupuestario del 0,19% al 0,16% del PIB. Este ajuste contempla una baja real del 9% para el sistema ferroviario y una contracción del 26,4% para el autotransporte de pasajeros, dinámica que obligará a concretar nuevos incrementos en el precio del boleto o a un recorte directo en la prestación del servicio. La encrucijada del equipo económico radicará en administrar el ritmo de las subas en las tarifas de luz, gas y colectivos en medio de un año electoral, en un contexto donde los servicios esenciales ya absorben el 14,6% del ingreso promedio de los hogares sin subsidio.
