El Gobierno nacional intimó formalmente al Reino Unido a detener la explotación petrolera unilateral en las Islas Malvinas, con foco en el proyecto Sea Lion desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. La Casa Rosada fijó un plazo de dos semanas para la paralización de estas operaciones en la plataforma continental argentina, advirtiendo que de persistir el desacato recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares en defensa de los recursos naturales de la Nación.
La ofensiva diplomática encabeza denuncias contra la extracción hidrocarburífera ilegal en los espacios marítimos del Atlántico Sur, calificándola como una violación directa al derecho internacional que genera un daño irreparable sobre la soberanía nacional. Las autoridades argentinas sostienen que las licencias concedidas de forma unilateral vulneran los tratados internacionales vigentes, al tiempo que ratifican el uso de todas las herramientas jurídicas y administrativas disponibles para frenar el usufructo indebido del territorio.
A la intimación por el frente petrolero se suma la denuncia por vuelos no autorizados entre Malvinas y Chile operados por la firma británica Thales UK Limited. Ante esta situación, el Ejecutivo ordenó el inicio de procedimientos sancionatorios y presentaciones penales contra la empresa involucrada por operar en espacio aéreo sin la habilitación oficial requerida, endureciendo el reclamo diplomático y legal en defensa de los derechos soberanos sobre el archipiélago.
