La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitados los canales para que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones inicien reclamos formales por haberes impagos o beneficios arbitrariamente suspendidos. Frente a las reiteradas fallas en las acreditaciones bancarias y la falta de liquidez en la fecha prevista, los beneficiarios deben apelar a la burocracia estatal mediante la plataforma Mi ANSES o a través de turnos presenciales. La situación obliga a miles de adultos mayores y familias vulnerables a atravesar complejos trámites administrativos para cobrar un dinero que les corresponde por derecho.
El procedimiento exige verificar previamente el lugar y la fecha de cobro en el sistema, para luego gestionar la solicitud vía «Atención Virtual» o en las oficinas del organismo. En casos de cobros pendientes con menos de dos meses de antigüedad, los beneficiarios se ven obligados a presentar el formulario PS 6.5 completado por la entidad bancaria, acreditando que el dinero no fue liquidado. Aunque el plazo para exigir estas acreencias se extiende hasta dos años, la exigencia de comprobantes bancarios y copias de recibos expone la falta de digitalización e integración directa en el control de las prestaciones públicas.
En lo relativo a las asignaciones familiares, el sistema gráfico de semáforos en la plataforma oficial permite identificar si el haber figura suspendido, embargado o denegado. Sin embargo, la persistencia de retenciones o trabas operativas sobre los haberes de la seguridad social genera un ahogo directo sobre el presupuesto de los hogares. Exigir la automatización de los repagos y el cese de dilaciones burocráticas resulta indispensable para garantizar que el Estado cumpla en tiempo y forma con los sectores más vulnerables de la comunidad.
