En un fallo histórico que marca un precedente categórico contra la corrupción institucional en la provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario de la defensa, sellando de forma definitiva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
El fallo llevado adelante por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirma la sentencia dictada originalmente en abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La resolución alcanza además al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, ambos condenados a seis años de prisión por articular un esquema de desvío sistemático de fondos pertenecientes a la pauta publicitaria oficial.
Las claves del entramado de corrupción estatal
El expediente judicial acreditó maniobras de direccionamiento y uso de recursos del Estado entrerriano para el beneficio político y patrimonial del exgobernador:
- Esquema de cartelización: La Justicia probó la utilización de firmas pantalla (como Tep SRL y Next SRL) manejadas por testaferros para monopolizar el negocio de la cartelería en la vía pública.
- Contrataciones irregulares: Se constató la asignación de pauta estatal a la empresa Global Means antes de su constitución legal, además del desvío de fondos a la firma Nelly Entertainment para spots publicitarios vinculados a la Cumbre del Mercosur 2014.
- Uso de fondos públicos: La causa incluyó el financiamiento irregular del parador de promoción turística en Mar del Plata durante la campaña del «Sueño Entrerriano», con un costo millonario para las arcas provinciales.
Con el agotamiento de todas las instancias recursivas ante la Corte Suprema, el fallo queda en etapa de ejecución inmediata, cerrando un capítulo central sobre la impunidad y el uso del erario público en la provincia de Entre Ríos.
