A tan solo nueve días de encarar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó una medida provisional de aplicación inmediata que prohíbe de forma tajante la operación, oferta y publicidad de las apuestas en línea en todo el territorio nacional. La decisión, fundamentada oficialmente como un freno urgente al endeudamiento familiar y a la ludopatía, provocó una fuerte reacción de la oposición y encendió las alarmas en el fútbol profesional, cuya estructura de financiamiento depende en gran medida del patrocinio de las casas de juego.
La disposición ejecutiva frena de inmediato nuevos depósitos en plataformas digitales y establece el 5 de octubre como fecha límite para que los usuarios retiren sus fondos del sistema. El paquete se complementa con un proyecto de ley que impone penas de hasta seis años de prisión a los operadores no autorizados y contempla sanciones penales para quienes promuevan o publiciten estas plataformas. Desde el Palacio del Planalto argumentan que la medida busca proteger la economía doméstica, respaldándose en informes oficiales que señalan que los ciudadanos destinan mensualmente unos 30.000 millones de reales a las apuestas, en un mercado donde ocho de cada diez familias arrastran deudas.
Sin embargo, el decreto detonó un fuerte impacto institucional en el ámbito deportivo, donde las firmas de apuestas sponsorean a más de la mitad de las entidades del Brasileirão y aportan ingresos millonarios a la Confederación Brasileña de Fútbol. Dirigentes de clubes como el Flamengo cuestionaron el drástico giro normativo, señalando la inestabilidad que genera para los contratos vigentes. Mientras el Congreso Nacional dispone de 120 días para convalidar o rechazar el decreto, el escenario político se enrarece aún más tras las críticas del candidato opositor Flávio Bolsonaro, quien tildó la jugada de populista y electoralista, en medio de un electorado que, no obstante, respalda mayoritariamente el fin del juego virtual.
