El achique del Estado golpea en el corazón de las rutas argentinas, dejando al descubierto el abandono de la infraestructura vial en provincias históricamente postergadas como Entre Ríos. Mediante la Resolución 1220/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad aprobó una segunda etapa de retiros voluntarios, consolidando un plan de ajuste que amenaza con resentir severamente el mantenimiento y la seguridad en los caminos del país.
Esta nueva fase del programa se suma a la primera instancia implementada a comienzos de año, la cual acumuló 609 desvinculaciones sobre un universo previsto de 900 trabajadores. La medida contempla mecanismos de consultas, formularios de adhesión y acuerdos tramitados bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el marco de las directivas de desregulación económica e híper reducción del empleo público impulsadas por la administración central.
Mientras el Gobierno celebra la reducción del plantel estatal y la merma de agentes en el organismo, en el interior Entrerriano la preocupación social escala rápidamente. El desmantelamiento técnico de las cuadrillas de Vialidad se traduce directamente en rutas deterioradas, accidentes evitables y un peligroso aislamiento comercial para las economías regionales que dependen de arterias viales en óptimas condiciones.
