El Estado provincial formalizó la demanda civil contra el exfuncionario para resarcir el daño económico causado a las arcas públicas. La maniobra involucra licitaciones amañadas y retornos millonarios a costa del dinero de los contribuyentes.
El costo de la corrupción volvió a golpear las arcas de la provincia. En el marco del avance judicial por la causa conocida como «Coimas», la Provincia de Entre Ríos solicitó formalmente una pretensión punitiva y de reparación civil de 229 millones de pesos contra el exfuncionario Luis Erbes, acusado de direccionar contrataciones y licitaciones públicas a cambio de retornos.
El reclamo económico busca restituir al patrimonio público los fondos desviados mediante esquemas de contratación opacos y negociaciones incompatibles con la función pública. El caso expone una vez más la debilidad de los controles en las compras del Estado y el uso de la estructura estatal como un negocio privado de unos pocos.
Desde la querella provincial argumentan que la cifra no solo responde al monto nominal de las irregularidades detectadas en los expedientes de licitación, sino también al perjuicio financiero ocasionado a los contribuyentes entrerrianos. La resolución del fuero judicial marcará un precedente sobre si el Estado realmente recupera lo defraudado o si las pérdidas quedan absorbidas por la provincia.
