En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación de la República Islámica de Irán extendió una propuesta para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de siete días. Sin embargo, la cúpula gubernamental de Teherán fijó una exigencia tajante: el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos y la reducción del despliegue de las fuerzas armadas enviadas por la administración de Donald Trump.
La señal diplomática enviada desde Nueva York tuvo un impacto inmediato en las finanzas globales, provocando una caída vertiginosa en la cotización internacional del petróleo, que perforó el techo de los 100 dólares para situarse en torno a los 98 dólares por barril. Este repliegue del mercado energético se vio reforzado por el anuncio de Arabia Saudita sobre la reanudación de las operaciones en su oleoducto Este-Oeste y la pronta reactivación de los envíos desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.
Representantes de la comitiva iraní confirmaron que cuentan con facultades plenas para negociar las condiciones de un eventual cese de hostilidades mediante canalizaciones multilaterales en territorio estadounidense. No obstante, remarcaron que la responsabilidad de reabrir la vía pacífica recae de forma directa sobre la Casa Blanca, exigiendo un pronunciamiento oficial que establezca un cronograma concreto para el retiro de la presión bélica.
Por su parte, la cúpula de seguridad iraní advirtió que cualquier intento por parte de Washington de intensificar las maniobras operativas junto a aliados regionales desencadenará una respuesta militar de proporciones directas. El escenario en la ONU se consolida así como el epicentro de una puja geopolítica decisiva entre las pretensiones de control de la potencia norteamericana y las demandas de soberanía de Teherán sobre las rutas del comercio mundial.
