La detención de un infante de marina estadounidense de 20 años acusado del presunto homicidio y robo de una mujer en Naha reavivó la indignación social en la isla de Okinawa. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Base Aérea de Futenma y derivó en la intervención de las autoridades judiciales de Japón, quienes aplicaron el convenio bilateral que otorga jurisdicción local sobre delitos cometidos por tropas extranjeras fuera de servicio.
El avance de las investigaciones provocó un fuerte repudio de la gobernación local y del Poder Ejecutivo japonés, cuyos representantes diplomáticos convocaron a la embajada de Estados Unidos para exigir sanciones definitivas. Ante la creciente tensión social, el alto mando norteamericano en la región ordenó una restricción de movilidad de 30 días con toque de queda y la suspensión total del consumo de alcohol para el personal acantonado.
El caso reactivó el debate sobre las disputadas concesiones territoriales y operativas que sostienen las bases estadounidenses en Japón, donde la población local denuncia recurrentes episodios de violencia e impunidad. La reiteración de denuncias penales reabre los cuestionamientos a los acuerdos de defensa internacionales y pone bajo la lupa la efectividad de los controles disciplinarios sobre las tropas desplegadas.
